En un escenario polarizado y bipolar, que no es una excepción argentina sino un rasgo de varias democracias contemporáneas, las elecciones generales del domingo pasado terminaron funcionando como una doble vuelta anticipada.

En términos de representatividad, el saldo del año electoral es más positivo de lo que parece. Las diferencias en la sociedad argentina sobre el grado de intervención del Estado en la economía, qué libertades públicas priorizar sobre otras o qué nivel de desigualdad es tolerable fueron representadas por las coaliciones políticas que lograron el primer y el segundo lugar.

Como planteó recientemente la politóloga Julieta Suarez Cao, esta es una diferencia clave con Chile, donde las demandas insatisfechas por un sistema político que era incapaz de verlas tan siquiera generó una crisis de proporciones.

Entonces, extrañamente, el sistema político argentino, siempre juzgado, por propios y ajenos, de impredecible y caótico funciona con bastante normalidad. Esto no significa que no existan cuestiones institucionales muy importantes que el próximo gobierno va a tener que enfrentar.

Políticamente hablando, el 2019 ya fue. Los desafíos del 2020 ya no serán ganar elecciones sino generar la confianza necesaria para garantizar la gobernabilidad.

Para ello habrá que lograr cierta estabilidad económica, mitigar el extrangulamiento externo, equilibrar las cargas tributarias, revertir el aumento de la pobreza y la exclusión social y combatir el hambre, que pasó a ser uno de los principales temas de la política social argentina. El logro de esta metas necesita un fortalecimiento de las instituciones formales e informales donde se hace política.

La mayor cuenta pendiente del gobierno que se va, en términos institucionales, es haber puesto en jaque, paradójicamente, en nombre de la república y contra el populismo, a principios fundamentales del Estado de Derecho, como son el respeto al pluralismo político y la independencia del poder judicial.

Alberto Fernández ha dicho que el Estado de Derecho es central en su agenda política. Debería ser así por razones históricas: la democracia argentina que renació en 1983 hizo del respeto del Estado de Derecho un valor fundacional que la distinguía de la violencia de Estado del pasado. Pero también el presente exige que el Estado de Derecho vuelva a ser un problema político central.

En un mundo donde los viejos paradigmas mueren sin que nazca nada nuevo, tiene que haber un concepto límite para distinguir qué es políticamente admisible y qué no. A su vez, en el interior de la sociedad política argentina es necesario re-pactar las reglas básicas de las convivencia. Para que se pueden resolver los problemas de la ciudadanía argentina, la clase política debe, manteniendo sus diferencias, reconstruir sus lazos de confianza entre sí, y los que deberían unirlos con quienes los eligen como representantes.

Ese podría ser el primer paso del nuevo contrato social del que se ha empezado a hablar en los últimos meses. Ciertamente el contenido y forma de un contrato social del siglo XXI será distinto del modelo iusnaturalista de los siglos XVII y XVIII o los pactos sociales de la segunda pos-guerra. Las sociedades son otras, simbólica y económicamente mucho más heterogéneas. Hay que armar un modelo político institucional que, sin pretender ocultar los conflictos que dividen a la sociedad argentina, los canalice.

De esa manera, se cumpliría un deseo que expresó Guillermo O’Donnell en un hermoso texto escrito en 1984, “¿A mi que (mierda) me importa?”: que nuestra democracia, sin dejar de ser plebeya y anárquica, sea un poco más amable.

(*) Profesora de la Carrera de Ciencia política de la UBA e Investigadora del CONICET

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ambito Financiero