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El presidente electo, Alberto Fernández, tendrá una particular tarea a partir del 10 de diciembre: definir el futuro de 32 bienes decomisados en el marco de dos causas de corrupción que tocan de cerca a la que será su vicepresidenta, Cristina Kirchner.

 

Se trata de 27 propiedades, dos complejos de cocheras, un par de aviones y una embarcación que pertenecían a imputados en los expedientes de los cuadernos de las coimas y la denominada “Ruta del Dinero K” y que ahora integran el patrimonio estatal. Sin embargo, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) no logró subastarlos y su futuro quedará en manos del próximo gobierno.

La mayoría de estos bienes fueron decomisados por orden del juez federal Claudio Bonadio y están vinculados a Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner y supuesto testaferro del ex presidente. A la lista, se suman dos aviones del empresario Lázaro Báez, investigado por el supuesto lavado de US$ 60 millones entre 2010 y 2013.

Pese a que en agosto pasado el gobierno de Mauricio Macri ordenó subastar de manera “inmediata” los bienes decomisados de la corrupción (decreto 598), la AABE no logró desprenderse de estos. La primera subasta estaba prevista para el 25 de octubre: un lujoso departamento en la calle Julieta Lantieri, en Puerto Madero, que pertenecía a Sergio Todisco, acusado de ser testaferro de Muñoz. Ante la falta de oferentes, el proceso quedo trunco.

Según estimaciones oficiales, los bienes suman un total de US$50 millones. En este sentido, la Justicia ordenó decomisar otros 12 bienes, pero sus dueños apelaron el proceso. El futuro de todos estos quedará en manos de las nuevas autoridades de la AABE, que serán designadas por Alberto Fernández.

 
 
 
 
 
Fuente: TN

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