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El ministro de Gobierno de Santa Fe, Pablo Farías, puso en duda la aplicación de la cláusula gatillo a los salarios del sector público que deben pagarse en diciembre, y ardió Troya. Los gremios advirtieron que esa decisión "generaría un conflicto muy grande", mientras que el diputado provincial Roberto Mirabella, mano derecha del gobernador electo Omar Perotti, reclamó a la administración de Miguel Lifschitz que garantice el cumplimiento de las obligaciones salariales.

En el marco de una crisis económica generalizada, el ministro de Gobierno admitió ayer en rueda de prensa que "hay dificultades" para trasladar a los salarios de los empleados públicos el índice inflacionario medido por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), que el mes pasado fue del 5,7 por ciento y acumula 37,3 por ciento en el año.

El funcionario recordó que ya en agosto había alertado a los dirigentes de los sindicatos que este día podía llegar. "Dijimos que mes a mes íbamos a ir viendo la situación", señaló.

Los salarios de octubre, que se pagan en los próximos días, estarán ajustados por la cláusula que ata el salario a la evolución del IPC. Pero para los salarios de noviembre, que se pagan en diciembre, esa posibilidad está lejos de garantizarse.

"Lo vemos con mucha dificultad", dijo Farías, que enumeró los problemas fiscales que, en el marco de una gran crisis económica nacional, afectan los recursos de la provincia: menor recaudación, eliminación de transferencias nacionales e incumplimientos del Estado central. Por caso, los $ 5.800 millones que deben ser transferidos para compensa el déficit de la Caja de Jubilaciones.

Más recientemente, la Nación detrajo recursos coparticipables para refinanciar rebajas en el IVA y Ganancias. Santa Fe perdió unos $ 4 mil millones con esa medida. Si bien los gobernadores pleitearon y obtuvieron un pronunciamiento favorable de la Corte nacional para recuperar esos fondos, la compensación que comenzó a aplicar la administración de Mauricio Macri en los últimos días es muy inferior a lo que se quitó. Los representantes de 18 provincias se reunieron ayer en Buenos Aires para lanzar otra ofensiva por esos recursos.

Según Farías, si el gobierno nacional normalizara esas transferencias, no habría dificultades para cumplir con la paritaria acordada en el pago de salarios. Mientras ello no ocurra, no se sabe "con certeza" si se puede aplicar ese índice a los salarios. "Vamos a conversar con entidades sindicales, municipios y comunas, que están en una situación muy difícil", dijo.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) llegaron las primeras respuestas. "Estaríamos frente a una debacle provincial si el gobierno no puede pagar la cláusula gatillo, sería una manera horrible de terminar el mandato; no creo que ocurra porque generaría un conflicto muy grande", dijo Jorge Hoffman, titular de ATE.

Javier Almirón, de Amsafé provincial, ratificó que el gremio exigirá el cumplimiento de la paritaria y el pago de la cláusula gatillo: "Entendemos los problemas, pero la situación no la generamos los trabajadores", dijo, y adelantó que ya hay reuniones con otros gremios.

De hecho, la Comisión Intersindical del Sector Público de la provincia emitió en un comunicado a través del cual exigió respetar la paritaria 2019 y alertó que "sería muy grave" que lo desconozca.

La evolución del IPC de Santa Fe superó ya en el primer cuatrimestre el porcentaje de aumento salarial pactado como arranque en la paritaria provincial, de 15 por ciento anual, en dos tramos: 12 por ciento en marzo y 3 por ciento en junio. Desde ese piso, se activó la cláusula gatillo, diseñada para proteger a los salarios de la inflación. La cláusula gatillo se aplica con dos meses de diferencia.

 

 

 

 

Fuente: La Capital


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