Luego de que el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, reabra el debate en torno a si Santa Fe debe adherirse a la "ley nacional de narcomenudeo" y así los delitos vinculados al microtráfico de estupefacientes sean intervenidos por la policía y la Justicia provincial, los interrogantes en torno al rol de la Justicia federal y su persecución sobre este flagelo no tardaron en surgir en medio de una oleada de frases y opiniones encabezadas, mayormente, por actores del mundo político y judicial.
 
Quien primero alzó la voz y opinó sobre el tema fue el propio ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, que en una rueda de prensa realizada en la ciudad de Rosario dejó sentada su postura. "Por los mismos caminos vamos a obtener los mismos resultados, hay que innovar, hay que tomar decisiones", dijo el funcionario. Y agregó que a "la Justicia federal le cuesta muchísimo llegar a los puntos de venta o a resolver el problema que tienen los vecinos al ver la impunidad palpable que tienen los lugares en los que se venden estupefacientes y nunca se hace nada".
 
Por su parte, desde la vereda de enfrente y con total oposición al tema, el ministro de la Corte Suprema de Justicia provincial, Daniel Erbetta, aclaró en una entrevista en Canal 5 que "en términos de eficacia, en las provincias en las que se ha adherido, no ha tenido ningún impacto en lo que considero debe ser la concentración de los recursos del Estado para combatir el narcotráfico". En tanto, el alto funcionario judicial sentenció que "la Nación debe darle a la Justicia federal los recursos para que pueda desempañar su labor con eficacia".
 
Los dichos de Erbetta fueron bienvenidos en los operadores de la Justicia federal de Santa Fe, que en voz baja marcaron su total rechazo a la postura que tomó el gobernador Lifschitz en su discurso de inicio de sesiones del pasado 1º de mayo en la Legislatura provincial. Es que el ministro de la Corte santafesina puso en cuestión un punto clave: la falta de personal con la que cuenta la Justicia federal para poder abordar una problemática tan compleja como es el narcotráfico en sus diversas escalas. "Si el problema es que los jueces federales a veces no tienen capacidad de respuesta para dar una orden de allanamiento o porque hay pocos o lo que fuera, es un problema del gobierno federal y se tiene que hacer cargo", afirmó el funcionario.
 
En este sentido, y según datos exclusivos a los que pudo acceder UNO Santa Fe, se logró establecer la cantidad de causas que se tramitan en las fiscalías federales de la provincia. En números concretos, un 87% de las causas que se tramitan son vinculadas al narcotráfico.
 
El Ministerio Público Fiscal cuenta con dos fiscalías federales en Santa Fe capital, tres en la ciudad de Rosario y una en la ciudad de Rafaela, en el departamento Castellanos.
Tanto la Fiscalía 1 y 2 de la capital provincial tiene en trámite 2.057 durante el período 2016 y 2018. De ese número, existen 755 causas que fueron delegadas de los juzgados federales, los cuales ordenaron que sean las propias fiscalías las que generen la prueba. Dichas causas tienen un total de 142 personas detenidas.
 
En tanto, entre las dos fiscalías de instrucción, fueron elevadas a juicio 243 causas penales, las cuales son remitidas a la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe para su futuro debate.
 
Por su parte, en Rosario existen tres fiscalías federales de instrucción, donde se encuentran tramitándose 5.519 causas, de las cuales 5.298 fueron delegadas de los juzgados federales de aquella localidad. A su vez, desde los tres organismos judiciales, fueron elevadas a juicio 351 causas penales.
 
Por último, la ciudad de Rafaela cuenta con 531 causas en trámite y un total de 88 elevaciones a juicio. De las mismas, unas 301 fueron delegadas desde el Juzgado Federal de Instrucción de allí.
 
El restante
 
Por fuera del 87 por ciento de las causas por narcotráfico, la Justicia federal de Santa Fe tramita en su mayoría delitos vinculados a la trata de personas, contrabando y evasión de tributos al Estado Nacional, entre otros.
 
No obstante ello y con respecto a las causas del fuero civil y comercial de índole federal, se pudo establecer que son tramitados 11.179 expedientes repartidos entre Santa Fe (2.851) y Rosario (8.328).
 
Tal situación se da en el marco, indican desde la órbita federal, de una estructura de personal bastante acotado. Por ejemplo, las dos fiscalías federales de Santa Fe cuentan con un personal que llega solo a 19 agentes judiciales, incluidos los dos fiscales. Por su parte, en Rosario, el Ministerio Público Fiscal posee 34 trabajadores entre las tres unidades, mientras que en Rafaela solo hay ocho empleados judiciales, incluido el propio fiscal.
 
Fuente: Uno Santa Fe.
 

Su servidor no soporta flash players o javascripts, use por favor cualquiera de los siguientes links
Publi Horizonte Digital

Formulario de acceso