Los internos piden la derogación del decreto que limita las salidas transitorias y suman una serie de reclamos de vieja data en torno a su situación.

Hace ya ocho días los internos de la cárcel de Coronda se encuentran en huelga y no asisten a los talleres ni a la escuela del penal. Idéntica actitud adoptaron los reclusos del módulo B de la Unidad Nº 11 de Piñero y se supone que en los próximos días se sumarían presos de otras cárceles. El motivo de la protesta que involucra a unos 1.600 detenidos en Santa Fe y que se extiende a cárceles federales de Buenos Aires (ver aparte) tiene un solo motivo: el rechazo al decreto provincial 4127/16 firmado por el gobernador Miguel Lifschitz y la reprobación de la reforma a la Ley 24.660 de Ejecución Penal, ambos tendientes a limitar los alcances de los beneficios de las salidas transitorias. Al respecto, anoche desde el gobierno provincial se hizo saber que "no habrá diálogo en estas condiciones" y que "no se dará marcha atrás" con el decreto que limita las salidas transitorias.

El conflicto estalló públicamente tras el crimen de Micaela García en la ciudad entrerriana de Gualeguay, hace poco más de una semana. Entonces fue apresado Sebastián Wagner, quien confesó haber cometido el hecho. El joven no había vuelto a prisión tras serle otorgada por el juez Carlos Rossi una salida transitoria a pesar de que llevaba dos años tras las rejas de los nueve que le habían impuesto por dos violaciones.

Decreto cuestionado

Pero antes de ello, y con una sociedad presionando a los distintos poderes del Estado para poner fin a los beneficios otorgados a los detenidos, retomaron fuerza tanto en la provincia como en la Nación sendos proyectos que limitan esos derechos. Así, el 6 de diciembre de 2016 el ministro de Seguridad santafesino, Maximiliano Pullaro, y el secretario de Asuntos Penitenciarios, Pablo Cococcioni, presentaron el decreto 4127/16 tendiente a fijar "criterios más precisos" para determinar a los beneficiarios de las salidas y limitar las mismas para los reincidentes y condenados por delitos graves, tales como los de índole sexual.

El artículo 127 de ese decreto fue declarado inconstitucional por la jueza santafesina Sandra Valenti, quien entendió que el mismo "cambia las líneas básicas de la política penitenciaria porque quita derechos al convicto". La jueza sostuvo en su dictamen que no se puede con un decreto "excluirse o afectarse derechos de personas por su calidad o por haber cometido determinados delitos graves pues no sólo afecta el principio de resocialización sino el de igualdad".

La polémica en la provincia se planteó a partir del caso de un detenido de Coronda condenado por amenaza con arma de fuego y declarado reinicidente que tuvo una calificación de conducta negativa por parte del Servicio Penitenciario (SP) y que por los nuevos criterios fijados en el discutido decreto fue impedido de egresar del penal.

En ese marco, al interior de la cárcel corondina empezaron las reuniones de delegados para discutir la nueva situación planteada y remarcar los "viejos" problemas que padecen. Así se llegó a la semana pasada cuando los 1.300internos del principal penal santafesino se declararon en huelga y elaboraron un petitorio de 14 puntos que hicieron llegar a las autoridades.

Petitorio

Entre los principales puntos planteados por los internos se encuentran: las pésimas condiciones edilicias, la superpoblación, el maltrato a las visitas, la comida insuficiente, la falta de atención médica y de suministro de medicamentos, la imposibilidad de acceder a la educación formal y la falta de talleres para todos los interesados.

También reclaman que se reanuden las mesas de diálogo de los delegados con las autoridades porque "son el medio para canalizar las demandas y evitar conflictos", y que "se arbitren las medidas para resolver de manera urgente el accionar del juzgado de Ejecución Penal que tiene moras en el otorgamiento de derechos y garantías procesales".

Los internos tildan al Decreto 4127/16 de "inconstitucional" y "aplicado de facto" aunque "señala obligaciones para el grupo criminológico de seguimiento que se incumplen y por eso se extralimitan en dictámenes que los exceden". Y sostienen que no sólo es "inconstitucional y regresivo, sino de imposible implementación porque ese mismo decreto obliga a las unidades penitenciarias a ofrecer trabajo y en Coronda hay 350 cupos laborales en una población de 1.300 personas".

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