La sesión extraordinaria se realizó este lunes 4 de diciembre en la sede de la Fiscalía General en Santa Fe. En este marco, dejó sentada su postura en un comunicado oficial. Al finalizar la sesión, el Fiscal General Jorge Baclini presidió una conferencia de prensa.

La Junta fue convocada a raíz de la modificación de la ley provincial número 13.013 aprobada la semana pasada por la Legislatura santafesina. El Fiscal General informó que “en función de la nueva ley se modifican todas las formas de juzgamiento y el poder disciplinario que existe sobre los fiscales y los fiscales adjuntos que, conforme a la nueva normativa pasa a estar bajo la órbita del Poder Legislativo”. Expresó, además, que sorprendió la sanción de la norma “de manera tan sorpresiva y sin debate previo”.

“Para nosotros, la norma afecta la independencia de actuación del Poder que tiene el Ministerio Público. También afecta la autonomía y la división de los poderes”, manifestó Baclini, a la vez que fundamentó la postura que mantiene la Junta, de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional, sobre la actuación independiente de los fiscales.

¿Qué dice la nueva ley?

“El modelo al cual se pasa, de acuerdo a la reforma, deja a todos los órganos bajo el control del Poder Legislativo. De esta forma, se llega al punto de desestructurar todo el funcionamiento del Ministerio Público, de su autonomía, porque queda sujeto a un control completamente político. Lo más conveniente es seguir con el modelo que respeta la Constitución Nacional, es decir, un modelo de autonomía, donde los órganos fiscales tienen el control de un órgano interno, como ocurre en todas las organizaciones”, declaró el fiscal general Jorge Baclini.

¿Qué pedido le hacen al gobernador?

“Nos parece importante que el gobernador analice correctamente la norma para procurar remediar la situación, la que, para nosotros, tiene una gravedad institucional importante, hasta el punto que ameritó esta Junta de Fiscales de intervención colectiva en la cual estamos presente”.

El comunicado

La Junta de Fiscales del MPA emitió un comunicado, en el cual le solicitan al gobernador Miguel Lifschitz que “analice la gravedad institucional en la cual se da esta ley y que haga uso de los elementos constitucionales de los que puede hacer uso. Para nosotros la ley podría ser declarada inconstitucional”, advirtió Jorge Baclini en la conferencia de prensa.

Se reproduce a continuación el comunicado oficial emitido por la Junta de Fiscales del MPA que integran el Fiscal General, Jorge Baclini, y los cinco Fiscales Regionales: Carlos Arietti (Fiscal Regional 1 – Santa Fe); Patricio Serjal (Fiscal Regional 2 – Rosario); Alejandro Sinopoli (Fiscal Regional 3 – Venado Tuerto); Rubén Martínez (Fiscal Regional 4 – Reconquista); y Diego Vigo (Fiscal Regional 5 – Rafaela).

La Junta de Fiscales se pronunció acerca de la modificación a la ley 13.013

“La Junta de Fiscales compuesta por el Fiscal General y los cinco Fiscales Regionales del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe se reunió hoy de manera extraordinaria, en virtud de la ley que sancionó la legislatura provincial el pasado jueves 30 de noviembre, que modificó la ley 13.013 y desplazó el poder disciplinario de los Fiscales y Fiscales Adjuntos a la órbita del Poder Legislativo.

La Junta de Fiscales manifiesta su preocupación por el modo sorpresivo e intempestivo de la sanción de la norma. Llama poderosamente la atención que una ley de tanta importancia fue sancionada sin debate previo, en tiempo récord y en la última sesión ordinaria del año.

La nueva norma conforma un avasallamiento a la independencia y autonomía del órgano encargado de la persecución penal en tanto modifica el régimen de remoción de los Fiscales y Fiscales Adjuntos, que ahora pasa a depender exclusivamente del Poder Legislativo, circunstancia que refleja su dudosa constitucionalidad conforme al artículo 120 de la Constitución Nacional.

El sistema constitucional de división de poderes se centra en un control político de los órganos superiores del MPA (Fiscal General, Fiscales Regionales y Auditor General de Gestión) Por su parte, los Fiscales y Fiscales Adjuntos deben estar sometidos a controles jurídico-disciplinarios tal como estaba previsto en la derogada norma y como lo regulan las leyes orgánicas de los Ministerios Públicos de todo el país. En tal sentido, la norma derogada seguía la línea de lo previsto en el artículo 91 de la Constitución Provincial, en tanto el juzgamiento de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia se realiza a través del juicio político, y el de los jueces a través del jury de enjuiciamiento (ley provincial número 7.050).

La versión original de la ley 13.013 preveía un modelo disciplinario innovador en el cual un Auditor de Gestión (que accede al cargo por concurso de antecedentes y oposición, dura en el mismo seis años, es seleccionado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Poder Legislativo) es quien investiga y acusa a los fiscales. Además, establecía que un tribunal integrado por distintos estamentos institucionales –un Diputado; un Senador; un representante de los colegios de abogados; un Fiscal Regional; y el Fiscal General (con voto solamente en caso de empate)– era el encargado de juzgar.

Las modificaciones aprobadas la semana pasada colocan a los Fiscales y Fiscales Adjuntos en una situación de inestabilidad y precariedad en cuanto a su objetividad técnica-funcional con capacidad tal de aniquilar la independencia de poderes y la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

Finalmente, otra consecuencia de la nueva versión de la ley resulta en el debilitamiento de las políticas de persecución penal de los órganos de dirección del MPA.

En función de la gravedad institucional, la Junta de Fiscales solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien estudiar la posibilidad de hacer uso de sus facultades constitucionales para remediar la situación, que coloca a la provincia de Santa Fe en un lugar de retroceso de la calidad institucional en el concierto en las provincias argentinas”.

FISCALES

 


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